La profundidad de las crisis socioambientales exige un cambio de rumbo

Escribe Karin Nansen 

Hoy se torna cada vez más evidente que la explotación de la naturaleza en función de la acumulación de riqueza y de poder ha empujado a los sistemas vivos del planeta a una situación límite, y existen serios riesgos de no retorno si no se adoptan y aplican las políticas y normativas necesarias para enfrentar una crisis que es estructural y tiene múltiples dimensiones. El paradigma de la explotación, que concibe a la naturaleza como una fuente inagotable de recursos, no reconoce límites ni la complejidad de los sistemas y procesos naturales.

Vivimos una crisis socioambiental profunda que tiene su origen en la injusticia y la opresión y cuyos impactos las exacerban, por eso hablamos de la imperiosa necesidad de cambios profundos para avanzar hacia la justicia ambiental, social, económica y de género. Cambios que deben abarcar el sistema económico y de comercio e inversiones, el modelo de producción industrial y agroindustrial, el sistema energético, las formas de gestión y cuidado de los territorios urbanos y rurales, y las relaciones internacionales.

Lamentablemente, a pesar de la gravedad de la crisis socioecológica, se continúa consolidando el proceso de expansión territorial de las actividades que erosionan y destruyen la biodiversidad y los suelos, contaminan el agua, generan hambre y conflictos, y contribuyen al cambio climático.

En Uruguay, al igual que en otros países de nuestra región, el actual modelo de producción primaria basado en la extracción y exportación de materias primas, con la explotación y gestión de los territorios en función del incremento de las tasas de ganancia y de los intereses de grandes grupos económicos y empresas transnacionales, pone en riesgo a los sistemas ecológicos y los procesos naturales, comprometiendo la posibilidad de sostener la vida.

En ese sentido es paradigmática la expansión del modelo del agronegocio y sus impactos nefastos que comprometen la realización de derechos fundamentales, como el derecho al agua, la tierra y las semillas. Esa relación entre uso del territorio y realización de derechos quedó claramente de manifiesto durante la crisis del agua. Pero se expresa también en la desaparición creciente de la producción familiar de alimentos y la concentración de la tierra, en la contaminación del agua y la afectación de la salud con agrotóxicos, y en la contaminación del maíz criollo por el maíz transgénico.

Se trata de un modelo depredador, concentrador y excluyente que contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero y la destrucción que provoca la crisis de la biodiversidad, a la vez que conlleva el acaparamiento de tierras y agua.

Y no es cierto que ese modelo produzca alimentos para millones de seres humanos, de lo contrario en el mundo no tendríamos esos niveles infames de inseguridad alimentaria, que en nuestro país afectan principalmente a la niñez.

Al expandirse el agronegocio, se ven seriamente comprometidos los sistemas de producción de alimentos agroecológicos, reproducción de semillas criollas y plantas nativas que garantizan el cuidado del territorio y en los que juegan un papel central las mujeres, sus saberes y sistemas de conocimiento colectivos.

En todo el mundo, quienes realmente producen los alimentos necesarios para la población son la agricultura familiar, campesina, indígena, de comunidades afrodescendientes y pescadoras, y las huertas urbanas. Como muestran las cifras difundidas por la organización ETC en su publicación “¿Quién nos alimentará?”, esos sistemas producen el 70% de la alimentación mundial con sólo el 25% de los recursos agrícolas.

Captura empresarial de la política y las políticas ambientales

Una de las principales razones por las que no se logran los acuerdos políticos internacionales necesarios para dar respuesta integral a la crisis climática, de la biodiversidad, del agua, del hambre es el creciente avance de la captura empresarial en los foros multilaterales. Esa captura empresarial también ha tenidos diversas expresiones a nivel nacional, como la autorización del uso de agrotóxicos prohibidos en viveros forestales que benefició a la empresa UPM, o la decisión de dar vía libre a las fumigaciones con agrotóxicos sin que deban registrarse, apelando a la “libertad responsable”.

Mediante un sistema de gobernanza multiactor o de múltiples partes interesadas se genera un escenario de privatización del multilateralismo, en el que las empresas responsables de generar las crisis, poner en jaque la vida y violar derechos se posicionan como portadoras de supuestas soluciones y tomadoras de decisiones y logran imponer su poder.

Por ello, en lugar de avanzar en la definición de políticas públicas que permitan abordar las causas estructurales de la problemática, se abren las puertas a nuevos conceptos, mecanismos y políticas cada vez más tramposos, con el fin de que las empresas puedan generar aún más ganancias a partir de las crisis y maquillar de verde un modo de producción terriblemente devastador. En lugar de cuestionar y transformar ese modelo de producción, que ha probado ser altamente destructivo, se imponen falsas soluciones y nuevos conceptos –como el de Soluciones Basadas en la Naturaleza o carbono neutral, entre otras– que pretenden engañarnos e instrumentalizar y mercantilizar la naturaleza.

Es así como la lógica de la compensación del daño y los impactos se abre camino de la mano de las metas de reducción a cero-neto, que no pretenden poner fin a las emisiones de gases de efecto invernadero ni a la pérdida de biodiversidad, sino dar continuidad a la contaminación y la destrucción.

Los proyectos de monocultivos de árboles se venden como presuntos sumideros de carbono que generarán permisos de emisión (eufemísticamente llamados bonos o créditos de carbono) que se podrán vender en los mercados de emisiones para “compensar” las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas transnacionales y del Norte global. El colonialismo de carbono va ganando terreno, lo cual implica más acaparamientos de territorios y violaciones de derechos de los pueblos en nuestro continente y el Sur global.

Resulta irónico que cuando se tornan cada vez más evidentes los daños generados por el neoliberalismo y la economía de mercado en la naturaleza, se formulan nuevos marcos políticos, políticas y proyectos para someter a la naturaleza a la lógica del mercado y reducirla a unidades que puedan ser objeto de transacciones monetizadas.

La mercantilización, financierización y privatización de la naturaleza, que se enmarca en el concepto de la economía verde y responde a un proyecto político que pretende erradicar la noción de lo público, se articulan con una redefinición de la naturaleza como capital natural y una visión reduccionista que niega la complejidad de los sistemas ecológicos y sus funciones y el papel vital de los pueblos en su cuidado.

En el marco de la política ambiental neoliberal se reproducen iniciativas que tienen como protagonistas a las empresas transnacionales y cuyo objetivo es profundizar el control empresarial de la naturaleza y los pueblos. Algunas de ellas son la digitalización de la agricultura, la intensificación sostenible, la agricultura climáticamente inteligente, o las promesas asociadas a parches tecnológicos como la geoingeniería, que amenazan con alterar más aún los sistemas ecológicos y ciclos y funciones naturales que sustentan la existencia.

Vivimos una crisis socioambiental profunda que tiene su origen en la injusticia y la opresión y cuyos impactos las exacerban, por eso hablamos de la imperiosa necesidad de cambios profundos.

La profundidad de las crisis socioambientales exige un cambio de rumbo

Publicado el 5 de junio

Escribe Karin Nansen en Posturas

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Hoy se torna cada vez más evidente que la explotación de la naturaleza en función de la acumulación de riqueza y de poder ha empujado a los sistemas vivos del planeta a una situación límite, y existen serios riesgos de no retorno si no se adoptan y aplican las políticas y normativas necesarias para enfrentar una crisis que es estructural y tiene múltiples dimensiones. El paradigma de la explotación, que concibe a la naturaleza como una fuente inagotable de recursos, no reconoce límites ni la complejidad de los sistemas y procesos naturales.

Vivimos una crisis socioambiental profunda que tiene su origen en la injusticia y la opresión y cuyos impactos las exacerban, por eso hablamos de la imperiosa necesidad de cambios profundos para avanzar hacia la justicia ambiental, social, económica y de género. Cambios que deben abarcar el sistema económico y de comercio e inversiones, el modelo de producción industrial y agroindustrial, el sistema energético, las formas de gestión y cuidado de los territorios urbanos y rurales, y las relaciones internacionales.

Lamentablemente, a pesar de la gravedad de la crisis socioecológica, se continúa consolidando el proceso de expansión territorial de las actividades que erosionan y destruyen la biodiversidad y los suelos, contaminan el agua, generan hambre y conflictos, y contribuyen al cambio climático.

En Uruguay, al igual que en otros países de nuestra región, el actual modelo de producción primaria basado en la extracción y exportación de materias primas, con la explotación y gestión de los territorios en función del incremento de las tasas de ganancia y de los intereses de grandes grupos económicos y empresas transnacionales, pone en riesgo a los sistemas ecológicos y los procesos naturales, comprometiendo la posibilidad de sostener la vida.

En ese sentido es paradigmática la expansión del modelo del agronegocio y sus impactos nefastos que comprometen la realización de derechos fundamentales, como el derecho al agua, la tierra y las semillas. Esa relación entre uso del territorio y realización de derechos quedó claramente de manifiesto durante la crisis del agua. Pero se expresa también en la desaparición creciente de la producción familiar de alimentos y la concentración de la tierra, en la contaminación del agua y la afectación de la salud con agrotóxicos, y en la contaminación del maíz criollo por el maíz transgénico.

Se trata de un modelo depredador, concentrador y excluyente que contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero y la destrucción que provoca la crisis de la biodiversidad, a la vez que conlleva el acaparamiento de tierras y agua.

Y no es cierto que ese modelo produzca alimentos para millones de seres humanos, de lo contrario en el mundo no tendríamos esos niveles infames de inseguridad alimentaria, que en nuestro país afectan principalmente a la niñez.

Al expandirse el agronegocio, se ven seriamente comprometidos los sistemas de producción de alimentos agroecológicos, reproducción de semillas criollas y plantas nativas que garantizan el cuidado del territorio y en los que juegan un papel central las mujeres, sus saberes y sistemas de conocimiento colectivos.

En todo el mundo, quienes realmente producen los alimentos necesarios para la población son la agricultura familiar, campesina, indígena, de comunidades afrodescendientes y pescadoras, y las huertas urbanas. Como muestran las cifras difundidas por la organización ETC en su publicación “¿Quién nos alimentará?”, esos sistemas producen el 70% de la alimentación mundial con sólo el 25% de los recursos agrícolas.

Captura empresarial de la política y las políticas ambientales

Una de las principales razones por las que no se logran los acuerdos políticos internacionales necesarios para dar respuesta integral a la crisis climática, de la biodiversidad, del agua, del hambre es el creciente avance de la captura empresarial en los foros multilaterales. Esa captura empresarial también ha tenidos diversas expresiones a nivel nacional, como la autorización del uso de agrotóxicos prohibidos en viveros forestales que benefició a la empresa UPM, o la decisión de dar vía libre a las fumigaciones con agrotóxicos sin que deban registrarse, apelando a la “libertad responsable”.

Mediante un sistema de gobernanza multiactor o de múltiples partes interesadas se genera un escenario de privatización del multilateralismo, en el que las empresas responsables de generar las crisis, poner en jaque la vida y violar derechos se posicionan como portadoras de supuestas soluciones y tomadoras de decisiones y logran imponer su poder.

Por ello, en lugar de avanzar en la definición de políticas públicas que permitan abordar las causas estructurales de la problemática, se abren las puertas a nuevos conceptos, mecanismos y políticas cada vez más tramposos, con el fin de que las empresas puedan generar aún más ganancias a partir de las crisis y maquillar de verde un modo de producción terriblemente devastador. En lugar de cuestionar y transformar ese modelo de producción, que ha probado ser altamente destructivo, se imponen falsas soluciones y nuevos conceptos –como el de Soluciones Basadas en la Naturaleza o carbono neutral, entre otras– que pretenden engañarnos e instrumentalizar y mercantilizar la naturaleza.

Es así como la lógica de la compensación del daño y los impactos se abre camino de la mano de las metas de reducción a cero-neto, que no pretenden poner fin a las emisiones de gases de efecto invernadero ni a la pérdida de biodiversidad, sino dar continuidad a la contaminación y la destrucción.

Los proyectos de monocultivos de árboles se venden como presuntos sumideros de carbono que generarán permisos de emisión (eufemísticamente llamados bonos o créditos de carbono) que se podrán vender en los mercados de emisiones para “compensar” las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas transnacionales y del Norte global. El colonialismo de carbono va ganando terreno, lo cual implica más acaparamientos de territorios y violaciones de derechos de los pueblos en nuestro continente y el Sur global.

Resulta irónico que cuando se tornan cada vez más evidentes los daños generados por el neoliberalismo y la economía de mercado en la naturaleza, se formulan nuevos marcos políticos, políticas y proyectos para someter a la naturaleza a la lógica del mercado y reducirla a unidades que puedan ser objeto de transacciones monetizadas.

La mercantilización, financierización y privatización de la naturaleza, que se enmarca en el concepto de la economía verde y responde a un proyecto político que pretende erradicar la noción de lo público, se articulan con una redefinición de la naturaleza como capital natural y una visión reduccionista que niega la complejidad de los sistemas ecológicos y sus funciones y el papel vital de los pueblos en su cuidado.

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En el marco de la política ambiental neoliberal se reproducen iniciativas que tienen como protagonistas a las empresas transnacionales y cuyo objetivo es profundizar el control empresarial de la naturaleza y los pueblos. Algunas de ellas son la digitalización de la agricultura, la intensificación sostenible, la agricultura climáticamente inteligente, o las promesas asociadas a parches tecnológicos como la geoingeniería, que amenazan con alterar más aún los sistemas ecológicos y ciclos y funciones naturales que sustentan la existencia.

Vivimos una crisis socioambiental profunda que tiene su origen en la injusticia y la opresión y cuyos impactos las exacerban, por eso hablamos de la imperiosa necesidad de cambios profundos.

Liberalización comercial y debilitamiento de la política ambiental

La política neoliberal a nivel global no sólo está permeando y condicionando la política ambiental, sino que ha fomentado la creación de instituciones, políticas y normativas en materia de comercio e inversiones que perpetúan la inserción dependiente de nuestros países en la economía global y la división internacional del trabajo injusta que nos asigna el papel de proveedores de materias primas y redunda en una mayor destrucción ambiental.

Los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversiones reducen el margen de maniobra de los gobiernos y parlamentos para definir una senda de desarrollo soberana, en la que prevalezca la justicia ambiental, social, económica y de género. El debilitamiento de las normativas diseñadas en función del bien público y las nuevas normativas que se imponen para garantizar a las empresas transnacionales un ambiente propicio para sus inversiones atan a los países del Sur global, como el nuestro, al modelo extractivista que tanto daño causa.

Los tratados de nueva generación incluyen nuevos temas y normas relativas a los servicios, las compras públicas, las empresas del Estado, la propiedad intelectual, el comercio electrónico y la transparencia, que en este caso no significa la rendición de cuentas a la población, sino nada menos que la intervención de las transnacionales en decisiones legislativas y de política pública.

Nuestro continente está claramente en la mira: sus tierras, sus bosques y su agua son muy apetecidos por las grandes empresas, Estados Unidos y la Unión Europea para su transición ecológica y el desarrollo del capitalismo verde. La posibilidad de producir hidrógeno verde en base al agua y la energía renovable de nuestro país ha sido identificada como estratégica para la transición empresarial en el Norte. Y lamentablemente existe un grave riesgo de una competencia entre los países de América del Sur para ver quién les ofrece las mejores condiciones a las empresas transnacionales (ETN) para la producción y exportación de H2 verde, lo que va a llevar al saqueo del agua y a la apropiación y uso de la energía renovable en beneficio de intereses ajenos.

Por ello hablamos de la arquitectura de la impunidad, que se consolida con los privilegios extraordinarios, tanto económicos como legales, que el régimen neoliberal de comercio e inversiones les concede a las ETN, dotándolas incluso de la potestad de demandar a los estados cuando consideran que una política pública, normativa o decisión judicial podría afectar sus ganancias actuales o futuras, como lo hizo, por ejemplo, Philip Morris contra nuestro país.

Enfrentar ese poder que amenaza a la democracia y al planeta exige hacer una auditoría de los tratados bilaterales de inversiones, como la que se llevó a cabo en Ecuador, y un debate en profundidad sobre las implicancias de las demandas de los inversionistas transnacionales contra los estados y del arbitraje internacional en materia de comercio e inversiones en foros como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.

El derecho a la participación, el acceso a la información y a la justicia

En la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992 quedó plasmada la importancia de la participación y el acceso a la información en materia ambiental en el principio 10, incluido en la declaración resultante de dicho evento: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”.

Dicho principio, promovido por las organizaciones y movimientos sociales que participaron en todo el proceso previo y durante la cumbre, fue recogido en el Acuerdo de Escazú sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, ratificado por nuestro país mediante la Ley 19.773 de 2019.

Se trata de un instrumento jurídico regional de protección ambiental y derechos humanos y ambientales que incluye el acceso a la información de manera oportuna y adecuada, el derecho a participar de manera significativa en las decisiones que afectan la vida y el entorno, el acceso a la justicia cuando los derechos hayan sido vulnerados y una disposición vinculante sobre defensoras/es de derechos humanos en materia ambiental. Contiene muchas disposiciones relevantes para la coyuntura actual en Uruguay, entre otras, que “cada Parte deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional”, y que “cada parte promoverá el acceso a la Información Ambiental contenida en las concesiones, contratos, convenios o autorizaciones que se hayan otorgado y que involucren el uso de bienes servicios, o recursos públicos, de acuerdo con la legislación nacional”.

Lamentablemente, las organizaciones sociales se han visto obligadas a alertar en reiteradas ocasiones sobre el incumplimiento de las disposiciones de este instrumento por el gobierno nacional.

El incumplimiento ha quedado de manifiesto, por ejemplo, en la falta de acceso a la información y de participación pública en torno al proyecto Neptuno-Arazatí, que incluso atenta contra nuestra propia Constitución al privatizar el servicio de potabilización del agua. También involucra la falta de acceso a la información sobre el total de kg de sustancia activa utilizada como materia prima para los agrotóxicos.

En lo que respecta al acceso a la justicia también hay una brecha importante, como lo demuestra el caso de la contaminación de la cañada afluente del arroyo Santana por el vivero de UPM, que fue denunciada por el Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales. La empresa mintió al afirmar que no estaba vertiendo contaminantes a la cañada, pero mediante el análisis de muestras tomadas por la Dirección General de Servicios Agrícolas y las vecinas y vecinos se constató la presencia de agrotóxicos en el desagüe del vivero, que además estaban prohibidos para su uso en viveros forestales. A pesar de la constatación de la contaminación, no se obligó a la empresa a asumir las reparaciones necesarias y la restauración de la naturaleza; por el contrario, se le autorizaron los agrotóxicos prohibidos que estaba utilizando.

El próximo 26 de junio se cumplen diez años de la Resolución 26/9 de 2014 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que mandató a “establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado, entre otras cosas, de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos”.

Se trata de un logro histórico, resultado de la lucha de organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo contra la impunidad de las ETN responsables de violaciones de derechos humanos, y de la acción de los gobiernos de Ecuador, durante el mandato del expresidente Rafael Correa, y Sudáfrica, que decidieron impulsar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para que prevalezca la justicia.

Las organizaciones y movimientos sociales que dan seguimiento a las negociaciones del Tratado Vinculante en la ONU demandan que este instrumento garantice la primacía de los derechos humanos frente a los tratados de libre comercio e inversiones, y acceso a la justicia para las personas y comunidades afectadas por los crímenes ambientales y violaciones de derechos humanos perpetrados por las ETN.

La expectativa es que dicho instrumento permita regular a las ETN y sus actividades, para que el ejercicio de derechos y la justicia ambiental sean una realidad, lo que será fundamental para avanzar en la integración y el desarrollo regional, en la medida en que se genere un campo de juego nivelado en el que todas las ETN sean obligadas a someterse a un alto nivel de respeto de los derechos humanos y de la democracia y soberanía de nuestros pueblos.

Karin Nansen es coordinadora de Redes-Amigos de la Tierra.

Por eso somos testigos de una fuerte disputa de sentidos en torno a la política ambiental, la naturaleza y el territorio. Por un lado, desde la visión de los pueblos que construyen socialmente el territorio como espacio para la producción y reproducción de la vida, el trabajo, la cultura, la política, y por otro el territorio como objeto de conquista y plataforma para la acumulación de capital.

Liberalización comercial y debilitamiento de la política ambiental

La política neoliberal a nivel global no sólo está permeando y condicionando la política ambiental, sino que ha fomentado la creación de instituciones, políticas y normativas en materia de comercio e inversiones que perpetúan la inserción dependiente de nuestros países en la economía global y la división internacional del trabajo injusta que nos asigna el papel de proveedores de materias primas y redunda en una mayor destrucción ambiental.

Los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversiones reducen el margen de maniobra de los gobiernos y parlamentos para definir una senda de desarrollo soberana, en la que prevalezca la justicia ambiental, social, económica y de género. El debilitamiento de las normativas diseñadas en función del bien público y las nuevas normativas que se imponen para garantizar a las empresas transnacionales un ambiente propicio para sus inversiones atan a los países del Sur global, como el nuestro, al modelo extractivista que tanto daño causa.

Los tratados de nueva generación incluyen nuevos temas y normas relativas a los servicios, las compras públicas, las empresas del Estado, la propiedad intelectual, el comercio electrónico y la transparencia, que en este caso no significa la rendición de cuentas a la población, sino nada menos que la intervención de las transnacionales en decisiones legislativas y de política pública.

Nuestro continente está claramente en la mira: sus tierras, sus bosques y su agua son muy apetecidos por las grandes empresas, Estados Unidos y la Unión Europea para su transición ecológica y el desarrollo del capitalismo verde. La posibilidad de producir hidrógeno verde en base al agua y la energía renovable de nuestro país ha sido identificada como estratégica para la transición empresarial en el Norte. Y lamentablemente existe un grave riesgo de una competencia entre los países de América del Sur para ver quién les ofrece las mejores condiciones a las empresas transnacionales (ETN) para la producción y exportación de H2 verde, lo que va a llevar al saqueo del agua y a la apropiación y uso de la energía renovable en beneficio de intereses ajenos.

Por ello hablamos de la arquitectura de la impunidad, que se consolida con los privilegios extraordinarios, tanto económicos como legales, que el régimen neoliberal de comercio e inversiones les concede a las ETN, dotándolas incluso de la potestad de demandar a los estados cuando consideran que una política pública, normativa o decisión judicial podría afectar sus ganancias actuales o futuras, como lo hizo, por ejemplo, Philip Morris contra nuestro país.

Enfrentar ese poder que amenaza a la democracia y al planeta exige hacer una auditoría de los tratados bilaterales de inversiones, como la que se llevó a cabo en Ecuador, y un debate en profundidad sobre las implicancias de las demandas de los inversionistas transnacionales contra los estados y del arbitraje internacional en materia de comercio e inversiones en foros como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.

El derecho a la participación, el acceso a la información y a la justicia

En la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992 quedó plasmada la importancia de la participación y el acceso a la información en materia ambiental en el principio 10, incluido en la declaración resultante de dicho evento: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”.

Dicho principio, promovido por las organizaciones y movimientos sociales que participaron en todo el proceso previo y durante la cumbre, fue recogido en el Acuerdo de Escazú sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, ratificado por nuestro país mediante la Ley 19.773 de 2019.

Se trata de un instrumento jurídico regional de protección ambiental y derechos humanos y ambientales que incluye el acceso a la información de manera oportuna y adecuada, el derecho a participar de manera significativa en las decisiones que afectan la vida y el entorno, el acceso a la justicia cuando los derechos hayan sido vulnerados y una disposición vinculante sobre defensoras/es de derechos humanos en materia ambiental. Contiene muchas disposiciones relevantes para la coyuntura actual en Uruguay, entre otras, que “cada Parte deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional”, y que “cada parte promoverá el acceso a la Información Ambiental contenida en las concesiones, contratos, convenios o autorizaciones que se hayan otorgado y que involucren el uso de bienes servicios, o recursos públicos, de acuerdo con la legislación nacional”.

Lamentablemente, las organizaciones sociales se han visto obligadas a alertar en reiteradas ocasiones sobre el incumplimiento de las disposiciones de este instrumento por el gobierno nacional.

El incumplimiento ha quedado de manifiesto, por ejemplo, en la falta de acceso a la información y de participación pública en torno al proyecto Neptuno-Arazatí, que incluso atenta contra nuestra propia Constitución al privatizar el servicio de potabilización del agua. También involucra la falta de acceso a la información sobre el total de kg de sustancia activa utilizada como materia prima para los agrotóxicos.

En lo que respecta al acceso a la justicia también hay una brecha importante, como lo demuestra el caso de la contaminación de la cañada afluente del arroyo Santana por el vivero de UPM, que fue denunciada por el Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales. La empresa mintió al afirmar que no estaba vertiendo contaminantes a la cañada, pero mediante el análisis de muestras tomadas por la Dirección General de Servicios Agrícolas y las vecinas y vecinos se constató la presencia de agrotóxicos en el desagüe del vivero, que además estaban prohibidos para su uso en viveros forestales. A pesar de la constatación de la contaminación, no se obligó a la empresa a asumir las reparaciones necesarias y la restauración de la naturaleza; por el contrario, se le autorizaron los agrotóxicos prohibidos que estaba utilizando.

El próximo 26 de junio se cumplen diez años de la Resolución 26/9 de 2014 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que mandató a “establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado, entre otras cosas, de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos”.

Se trata de un logro histórico, resultado de la lucha de organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo contra la impunidad de las ETN responsables de violaciones de derechos humanos, y de la acción de los gobiernos de Ecuador, durante el mandato del expresidente Rafael Correa, y Sudáfrica, que decidieron impulsar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para que prevalezca la justicia.

Las organizaciones y movimientos sociales que dan seguimiento a las negociaciones del Tratado Vinculante en la ONU demandan que este instrumento garantice la primacía de los derechos humanos frente a los tratados de libre comercio e inversiones, y acceso a la justicia para las personas y comunidades afectadas por los crímenes ambientales y violaciones de derechos humanos perpetrados por las ETN.

La expectativa es que dicho instrumento permita regular a las ETN y sus actividades, para que el ejercicio de derechos y la justicia ambiental sean una realidad, lo que será fundamental para avanzar en la integración y el desarrollo regional, en la medida en que se genere un campo de juego nivelado en el que todas las ETN sean obligadas a someterse a un alto nivel de respeto de los derechos humanos y de la democracia y soberanía de nuestros pueblos.

Karin Nansen es coordinadora de Redes-Amigos de la Tierra.

Audiencia pública dejó “nuevos insumos” para la decisión final sobre el complejo residencial Punta Ballena

 

Audiencia pública, el 29 de abril, en el Club del Lago.

Foto: Camilo dos Santos

Académicos y agrupaciones vecinales expusieron contra la viabilidad del proyecto y cuestionaron la ausencia de los inversores y del intendente Enrique Antía.

-¡Qué opinas de esto?

-Opino que se va a hacer igual.

-Está bien, pero ¿qué te parece la audiencia?

-No me gustaría, pero el proyecto se va a hacer igual. Porque la plata manda.

-Eso está por verse.

La pesimista servía café y galletitas en el acceso a la sala panorámica del Club del Lago, donde se realizó la audiencia pública del Complejo Residencial Punta Ballena, en la noche de este lunes 29. La del tono desafiante integraba el público de más de 300 activistas que colmaron el lugar, entre organizaciones sociales y estudiantiles, docentes e investigadores universitarios y vecinos independientes de diferentes puntos del departamento de Maldonado. El diálogo entre ambas resumió el ambiente de la instancia de más de cinco horas, que tuvo como previa una concentración de vehículos en Piedras del Chileno, en la Parada 40 de la Playa Mansa de Punta del Este, que partió en caravana hacia el hotel a las 17.30 horas.

Los integrantes de los movimientos No al Proyecto Punta Ballena y Somos Punta Ballena llegaron munidos de pancartas, alguna bandera uruguaya, y cantidad de carteles A 4 con diversas consignas -“Cuidemos lo hermosos”, “Área natural protegida”, “Somos Punta Ballena”-, que levantaron cuando rechazaban el planteo de los consultores sobre los impactos del proyecto de construir 29 bloques con 320 apartamentos a ambos lados de la península rocosa de Punta Ballena.

Los movimientos no estuvieron solos. En el público destacaron delegados de otras organizaciones en conflicto ambiental, como los de Ocean Park preocupados por el barrio que promueve el multimillonario Alexandre Grendene; los de La Juanita, que se oponen al hotel de campo autorizado al argentino Diego Filkenstein, y los de Punta Colorada, que siguen luchando contra la demolición de las casas de techos rojos del balneario anunciada por la intendencia.

También hubo algunos actores políticos departamentales como el alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti, el presidente de la Junta Departamental, Alexandro Infante, y Darío Pérez, del Partido Nacional; la presidenta del Frente Amplio, Silvana Amoroso, estuvo, igual que el diputado Eduardo Antonini y varios ediles de esa fuerza política. Desde lejos, el diputado cabildante Sebastián Cal observó la instancia por un rato. Ninguno de los miembros del grupo inversor que lidera el bancario argentino Delfín Ezequiel Carballo estuvieron presentes en la audiencia. Otro gran ausente fue el intendente de Maldonado, Enrique Antía, hecho que no dejaron pasar varios activistas en sus exposiciones.

Al frente, en la mesa principal, se ubicaron la gerenta de área de la Dirección Nacional de Medio Ambiente Rosario Lucas, el director de la División de Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales, Luis Anastasía, y el director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Eduardo Andrés. El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, cumplió con su adelanto de que participaría “como público” y se sentó en la primera fila junto al arquitecto Julio Plottier y al ingeniero Carlos De María, delegados de la consultora privada que realizó el estudio de impacto ambiental (EIA) presentado por los desarrollistas presentaron al MA.

La cantidad de organizaciones, expertos y vecinos independientes interesados en manifestar su postura contraria al Complejo Residencial fue tal, que el MA resolvió instrumentar una atípica dinámica para el caso. Primero hablaron los consultores y luego hubo un espacio para plantear preguntas por escrito. Después, hubo rondas alternadas de exposiciones orales de diez minutos para quienes tuvieran presentaciones gráficas, y de tres minutos para quienes hablaran sin ese respaldo. Todos contrarreloj, porque la audiencia iniciada a las 18.30 horas debió finalizar a la medianoche.

Luis Anastasía, Fernando Morencio, Rosario Lucas.

Foto: Camilo dos Santos

Enojo y satisfacción

Al cabo de la instancia, voceros de las agrupaciones manifestaron a la diaria su “satisfacción” por la “contundencia” de las exposiciones contrarias al proyecto. A su juicio, aportaron “nuevos insumos” para demostrar a las autoridades ministeriales que “el proyecto es inviable”. También manifestaron su “enojo” y “malestar” por los planteos de los consultores, que consideraron “parciales” y “superficiales”.

“La exposición ciudadana fue impresionante. En cuanto al grupo inversor, me da vergüenza ajena. Uno no bancó la estacada y se fue apenas hizo su presentación y el otro se quedó muy nervioso. En cuanto al MA, no sé si para ellos es una instancia más. Creo que aportamos muchos insumos nuevos para la decisión final”, declaró a este medio la representante de la Red Unión de la Costa, Sandra Corbo, en una evaluación primaria de la instancia.

Para la doctora Isabel Gadino, investigadora del Grupo de Estudios Territoriales del CURE, los dos técnicos que defendieron el proyecto ofrecieron un panorama “muy limitado” y carecían de conocimientos para contestar cuestionamientos sobre otras áreas técnicas del trabajo. También observó que “se presentaron como la solución -que es lo que hacen casi todos- y pretendieron quitarse de encima la responsabilidad de contestar, sugiriendo que ellos no podían detallar todo el informe y que las personas de la audiencia debían leerlo”.

El periodista ambiental Víctor Bacchetta consideró que los consultores “solo hablaron de buenas intenciones”. Un estudio de impacto ambiental “implica enumeraciones cualitativas, deben ser acciones y medidas cuantitativas, midiendo sus posibles consecuencias y cómo se van a tratar. Eso no es lo que vimos acá”, consideró.

Nicolás Chacón, otro de los voceros de la Red Unión de la Costa, enfatizó que tanto la puesta de manifiesto como la audiencia pública demuestran que “el MA tiene la fuerza de la gente para poner por delante el interés público sobre el privado”. En su opinión, la calidad de los informes presentados por la academia y los vecinos, oficiaron como herramientas para que “el MA se anime a decir no a estos proyectos; sabe que detrás tiene al pueblo”.

Robert Bouvier (c).

Foto: Camilo dos Santos

La versión de los consultores

El arquitecto Julio Plottier y el ingeniero Carlos De María expusieron bajo intermitentes abucheos, risas sarcásticas y gritos de reprobación. El primero enfatizó que la altura de las construcciones permitirá mantener la visual desde la ruta. Además, aseguró que “se preserva en su totalidad el frente rocoso” y que eso “es muy importante desde el punto de vista de la salvaguarda del valor geológico de la flora. Las rocas y la costa marina no se tocan”.

“¡Mentime que me gusta!”, gritó una señora. Nervioso, Plottier continuó. En un momento afirmó que “todo lo que es flora se viene afectando por la invasión de especies foráneas y por los usos que se da a la superficie”, y presentó al proyecto como un salvador del desgaste que ya ocurre. “¡No tenés vergüenza!”, se escuchó entre el público. “¿Podés dormir tranquilo?”, lanzó otra persona. Plottier siguió, incómodo.

“Todas las premisas del diseño apuntan al respeto a las condiciones a naturales. El proyecto toma en cuenta, valora y respeta todas las circunstancias que se dan en Punta Ballena. Después se verá cómo avanza, pero el respeto está desde el vamos”, añadió el arquitecto. “¡La gente común no los quiere, no los queremos!”, escuchó esta vez. Poco después de su exposición, Plottier se retiró de la sala.

Le siguió el ingeniero De María, quien en primer lugar ofreció un resumen histórico de los trámites realizados. Después destacó 9.7 hectáreas de la península rocosa se destinarán al desarrollo privado y que 6.5 hectáreas serán de dominio público. “Quedarán como área verde, con roca desnuda, que no será tocada”, remarcó. El ambiente se caldeó más todavía cuando confirmó que se extraerán 77.000 metros cúbicos de material rocoso.

“Eso se hará con medios neumáticos, solo en caso necesario podría haber voladuras”, dijo, aunque poco después reconoció que “no está definido” a dónde se depositará el material a extraer. “¡No cambia lo que ocurre con cualquier otra obra! No sé por qué se asustan”, agregó en medio de abucheos generalizados. “Se realizan obras más complejas y se han usado explosivos con viviendas cercanas. Se controlan las cargas y se estudia que estén acordes a las características de las viviendas que haya. En un plan de gestión ambiental de construcción, todas estas medidas tienen protocolos”, intentó tranquilizar.

Foto: Camilo dos Santos

Luego prometió un plan de gestión de construcción en función de estudios académicos y mencionó que existen “trabajos muy alentadores” con expertos universitarios respecto a la forma de trasplantar o extraer las especies de flora en riesgo. Otra vez, abucheos. “Es muy celosa la administración poniendo requisitos y condiciones de aprobación, doy por sentado que será así”, se cubrió el ingeniero.

Otro punto que el público rechazó a viva voz resultó la afirmación de que el acceso a la costa será libre y que se podrá hacer actividades deportivas sin problemas. “¿Y cómo vamos a bajar? ¿Nos van a poner guardias para prohibirnos el paso? ¿Van a cercar?”. Llovieron preguntas de quienes saben lo que habitualmente pasa en Maldonado cuando se habilitan construcciones sobre la costa. “Los edificios están arriba, no están en la roca. Es una zona privada, pero por ciertos puntos se podrá acceder a la orilla”, matizó De María. “Nos toman por pelotudos”, retrucó alguien del público. “¿Cuánto te pagaron?”, vociferó alguien más.

De María continuó diciendo que “se identificaron 33 impactos potenciales” y se aprestó a analizar algunos y esbozar planes de mitigación. Sobre todo, en cuanto a la gestión geológica, aunque sus dichos serían refutados por varios expertos. Lo mismo ocurrió cuando admitió que “no hay un plan de gestión ecológica”, cuando sostuvo que “el proyecto no puede arrancar si no está resuelto el saneamiento”, y cuando se adentró en los resultados del estudio social, harto cuestionado por los opositores durante la puesta de manifiesto del proyecto.

Después de explicar los ajustes que debió hacer la consultora a pedido de la Dinacea (reconoció que la autoridad ambiental llegó a solicitar las grabaciones de las entrevistas, bajo la sospecha de que el informe no reflejaba lo que dijeron los entrevistados), De María dijo que el nuevo informe “está en evaluación de la autoridad ambiental”.

Rosario Lucas intervino cuando ya los vecinos parecían cansados de escuchar una versión en la que no creían. La jerarca de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), que tomó nota de cada exposición, dijo que la participación pública en el marco del proyecto “está garantizada” y sugirió a los ciudadanos que, en todo caso, consulten el expediente disponible en la web ministerial. Aseguró que los impactos serán abordados de manera integral y que, como el desarrollo fue clasificado como “C”, “será evaluado completamente”.

Por otra parte, reconoció que, hasta la puesta de manifiesto, la cartera no había evaluado algunos aspectos como “significativos”. Como el arqueológico, para el cual el movimiento social aportó insumos técnicos que motivaron una consulta de la cartera a la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. “La Comisión se expidió y dijo que era conveniente hacer un estudio sobre la parte arqueológica”, dijo Lucas, dando a entender que en eso están. Lucas reconoció, asimismo, que no se había considerado el impacto sobre el turismo y que, cuando lo advirtió, el MA entendió que el análisis excedía sus “capacidades técnicas”. “Transmitimos la consulta al Ministerio de Turismo, que todavía no respondió”, dijo.

Carlos de María.

Foto: Camilo dos Santos

Ronda de expertos, académicos y vecinos

Víctor Bacchetta abrió las exposiciones en contra del proyecto y defendió una postura que enfatizarían más adelante el abogado del CURE José Luis Sciandro, el arquitecto Pablo Ligrone, el edil frenteamplista Joaquín Garlo como integrante de una de las agrupaciones, y el directivo de la Unión Vecinal de Punta Ballena, Fernando Niggemeyer: todos argumentaron que el proyecto no cumple con la Ley de Ordenamiento Territorial, por lo cual “ni siquiera” se debería haber llegado a la etapa de audiencia pública.

Representante de una tercera generación de vecinos de Punta Ballena y con vasta experiencia internacional en materia de movimiento de suelos, el ingeniero civil Federico Steffenino hizo notar que para quitar 77.000 metros cúbicos de material se necesitarán “12.000 viajes de camión”. “Si caminar genera un impacto sobre la vegetación, imaginen lo que será un bosque de retroexcavadoras”, comentó, bajo aplausos. Luego manifestó su preocupación por el derrame de rocas hacia el sistema subactuático, tema que no aparece entre los impactos. Además de reclamar estudios sobre este punto, presentó un mapa geotécnico para identificar la interferencia de las construcciones que se proyectan, relacionada con la extracción de materiales rocosos.

“¿Dónde se van a disponer los 77.000 metros cúbicos de material? ¿Por qué no se ha consultado a la Dirección Nacional de Minería y Geología como autoridad minera?”, reclamó. Antes de mencionar que apoya la declaratoria de Punta Ballena como área natural protegida, en lineamientos similares la declaratoria otorgada a las Grutas del Palacio, en Flores, el experto advirtió que las cuevas de la punta rocosa estarán afectadas. “Están subexploradas y frágiles y no se han estudiado para el caso”, enfatizó.

Patricia Mai, investigadora del CURE, expuso sobre el impacto en la flora y vegetación de Punta Ballena, y los resultados de un trabajo realizado por 20 investigadores universitarios respecto a las consecuencias del proyecto en el hostpot de diversidad en la punta rocosa. Entre otros puntos, mencionó que el estudio de la consultora privada solo contempló 10 especies de las 427 identificadas en la zona.

También intervino Javier García Alonso, profesor agregado del departamento de Ecología y Gestión Ambiental del CURE, especializado en biología reproductiva y efecto de los contaminantes. “No se habla del impacto en la fauna marina, no se menciona, cuando todo está rodeado de agua”, advirtió. Luego mencionó investigaciones sobre cómo la contaminación lumínica afecta a las hormonas de los organismos marinos, y estudios genéticos de la Facultad de Ciencias que permitieron identificar nuevas especies de invertebrados que habitan en Punta Ballena. Por último, comentó que además de la contaminación lumínica, habrá un impacto de pluviales. “Cualquier desinfectante o insecticida causarán impacto químico en la fauna marina. Esto será muy perturbador”, remarcó entre aplausos.

El geólogo Mauricio Faraone, técnico de la Dinamige, expuso sobre la dimensión del patrimonio natural no vivo y Punta Ballena como uno de los sitios de interés geológico más importantes de Latinoamérica. “Los consultores, o bien no lo han medido o no lo han entendido, porque confunden geología con geodiversidad”, dijo, para explicar la diferencia entre ambos conceptos e invitar a los privados a informarse sobre el tema. “Toda la punta rocosa, cerca de 19 hectáreas, es de interés geológico y no un punto, como destacan los desarrollistas”, destacó.

Juan Aricardi y Leonardo Altman, del Departamento del Territorio, Ambiente y Paisaje del CURE, expusieron sobre la dimensión del paisaje de Punta Ballena. Analizaron transformaciones urbanas de la región costera con centro en Maldonado y Punta del Este que, a su juicio, es necesario considerar para definir qué atributos del paisaje valorar en este caso. “El país ha tenido la costumbre de hacer caja con la costa con una urbanización turística deliberada”, sentenció uno de ellos.

La magister Isabel Gadino analizó el desarrollo de los barrios privados para turismo residencial. Apoyada con imágenes satelitales y mapas, mostró que “casi toda la costa de la zona está urbanizada” y se ha quedado sin espacios verdes en Maldonado. “¿Tenemos que seguir urbanizando el único pedacito que es este gran acantilado?”, comentó.

El abogado José Luis Sciandro, también del CURE, ofreció una cronología jurídica desde los orígenes del fraccionamiento en cuestión y después advirtió que la legislación genera “obligaciones” para las propiedades. Entre estas, conservar el ambiente, el patrimonio y el paisaje. “No podemos autorizar un aprovechamiento urbanístico sin hacer cumplir esas cargas, y entendemos que este proyecto no las contempla”, concluyó, tras argumentar los porqués.

Otros participantes expusieron sobre el daño acumulado por el desarrollo inmobiliario en Punta Ballena, las playas que se perdieron en el oeste debido a la construcción de edificios durante las últimas tres décadas; la acumulación de escombros de piedras que muchas veces los vecinos sacan en camiones. “El daño acumulado es demasiado importante como para que se trate esta zona como si no hubiera recibido daño. Hay que estudiar cómo remediar lo anterior para no seguir generando daño”, resumió Fernando Niggemeyer.

Moisés Cardozo, directivo de la Asociación de Vecinos de Las Grutas, mostró imágenes del trazado urbano en la zona para afirmar que el lugar “no está en condiciones de soportar el tránsito pesado” que implicará la construcción del complejo residencial, planificada en etapas a lo largo de siete años. Juan Carlos Costa, del Uruguay Delta Club, argumentó por qué la construcción de los edificios afectará el viento que posibilita la práctica de aladeltismo y parapente, que solo se da en lugares puntuales de Punta Ballena.

Estela Alayón, de la comisión vecinal de La Rinconada, defendió la preservación del Lomo de la Ballena basada en un informe presentado por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay durante la puesta de manifiesto. Uno tras otro, los participantes fueron argumentando por qué “los intereses privados no deberían primar en Punta Ballena” y por qué el Estado “debería defender este enclave con todas las herramientas que la ciudadanía ha puesto a su disposición”.

“Que sea lo mejor”

Al final de la audiencia, el ministro Bouvier destacó a la diaria la alta participación ciudadana y “la transparencia del proceso”. “Nos vamos conformes. Ahora empieza la etapa de análisis de los insumos que tuvimos a través de la puesta de manifiesto y de la audiencia pública”, señaló. Reiteró que no hay plazos para la decisión final.

“La ansiedad no es buena consejera en estos temas ambientales, tenemos que dar el tiempo prudencial. Nuestros técnicos necesitan tiempo para hacer un examen riguroso del amplísimo material. Apurarnos en esto no estaría bueno”, concluyó.

Entretanto, el ingeniero De María circulaba entre las sillas de la primera fila, estrechando las manos de sus oponentes como al final de un partido difícil. Saludaba a todos con la misma frase: “Que sea lo mejor para Punta Ballena”.

Ante el calentamiento global, ¿las cianobacterias serán un problema mayor o nos volverán a ayudar a reducir el dióxido de carbono?

Maite Colina en laboratorio con microcosmos de fitoplancton. Foto: Gentileza Mariana Meerhoff

Publicado el 20 de abril Escribe Leo Lagos

Investigaciones experimentales muestran que en cuerpos de agua eutrofizados como los nuestros el calentamiento no sólo traerá pérdida de biodiversidad en los ecosistemas acuáticos, sino que generará que las cianobacterias que proliferarán en ellos emitan más gases de efecto invernadero.

Las cianobacterias fueron heroínas. Si vivimos despreocupadamente respirando oxígeno de la atmósfera es por ellas: hace miles de millones de años el aire no era respirable para nosotros. Ellas fueron los primeros seres en este planeta en desarrollar la fotosíntesis –lo siento, plantas, llegaron tarde– y entonces comenzaron a tomar grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera devolviendo otro tanto de oxígeno. Sin las ciano directamente no estaríamos acá.

Claro que algunas pueden ser tóxicas, como la famosa Microcystis aeruginosa, cuyas toxinas pueden complicarnos la vida. Pero dejémoslo claro: cuando las floraciones de cianobacterias son noticia, como cuando tiñen de verde nuestras playas y nos dejan sin baños de mar o de río, el problema no son ellas, sino las cosas que los humanos hicimos para que esas floraciones masivas se produjeran. Entre eso que hacemos que ellas aprovechan y celebran con crecimientos exponenciales de su biomasa, hay una cosa bien local y otra más global.

La local: llenar los cuerpos de agua dulce de nutrientes –fósforo, nitrógeno, etcétera– provenientes de fertilizantes y de la actividad agropecuaria, aguas servidas, saneamiento sin tratar y demás residuos. Esos nutrientes generan lo que se denomina eutrofización, que además de favorecer las floraciones de cianos cuando se dan las condiciones adecuadas, provoca alteraciones graves en los ecosistemas. La global: venir subiendo la perilla del termostato del planeta con la desmedida emisión de gases de efecto invernadero, entre ellos, el CO2 que cianobacterias y plantas usan de materia prima para producir carbohidratos aprovechando la energía solar, lo que los hace casi los únicos organismos que crean su propio alimento (y por ello se los denomina productores primarios, ya que el resto de los organismos lo que hacemos es comerlos a ellos). A este fenómeno le decimos calentamiento global, que forma parte de otro fenómeno más amplio, impulsado por los seres humanos, al que denominamos cambio climático.

Con miles de millones de años en este cambiante mundo, las cianos son expertas en aprovechar los cambios favorables y en capear los adversos. Si bien ya se ha demostrado que no es el aumento de la temperatura lo que explica el aumento de la frecuencia de las floraciones de cianobacterias en nuestro continente, sino el exceso de nutrientes, también es cierto que las cianos disfrutan enormemente de unos graditos de más. Si además de alimento les damos calorcito, estarán tan contentas como un turista en un all inclusive caribeño en una buena temporada.

En este contexto, uno se pregunta si las cianobacterias volverán a ayudarnos en un momento de crisis tomando el CO2 sobrante que estamos emitiendo o si en cambio representarán una molestia más frecuente y, eventualmente, una amenaza para nosotros. En esa clave leí dos artículos que salieron con un mes de diferencia y que tienen investigadoras en común.

Uno se titula Calentamiento experimental promueve la absorción de CO2 pero dificulta la incorporación de carbono hacia niveles tróficos más altos en comunidades de agua dulce dominadas por cianobacterias y lleva la firma de Maite Colina, Mariana Meerhoff y Lucía Cabrera, del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del Centro Universitario de la Región Este (CURE) de la Universidad de la República, y de Sarian Kosten, del Departamento de Ecología de la Universidad Radboud de Países Bajos.

El otro, denominado Calentamiento experimental promueve la selección de especies de fitoplancton hacia floraciones de cianobacterias y conduce a cambios potenciales en el funcionamiento de los ecosistemas, está firmado por las ya mencionadas Lucía Cabrera y Mariana Meerhoff, junto con Claudia Baladán, las tres del CURE, y los brasileños Geovani Moresco y Luzia Rodrigues, de la Universidad de Maringá, y Juliana Dias, de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, junto con Mina Bizic, del Instituto Leibniz de Ecología de Agua Dulce y Pesca Continental de Alemania.

Se trata de dos piezas de ciencia maravillosas, porque logran algo extremadamente difícil: realizar experimentos sobre cómo será nuestro futuro. Para ello, armaron varios microcosmos acuáticos en su laboratorio –peceras cilíndricas de unos 4,5 litros de agua– en los que las predicciones de que la temperatura alcanzaría entre 3 °C y 5 °C por encima de la era preindustiral ya era una realidad. Esos mundos alternativos nos muestran un futuro embromado si mantenemos nuestros sistemas acuáticos eutrofizados. Así que sin más vayamos a conversar, zoom mediante, con Maite Colina, Geovani Moresco, flamantes doctores, y Mariana Meerhoff, la investigadora que estuvo en la selección de la ciencia nacional y que es la constante entre ambos trabajos.

Doble investigación

Los dos artículos fueron publicados en la misma revista, uno en febrero y el otro en marzo, como si fueran parte de lo mismo. “Los dos trabajos salieron juntos, pero no los pensamos juntos. Es casualidad que salieran publicados con un mes de diferencia”, señala Mariana. Como veremos, las líneas temporales de ambos se cruzan.

“En 2019 le envié un mail a Mariana diciéndole que tenía muchas ganas de hacer un doctorado en el exterior, ya que ella tiene una alianza de investigación con Juliana Dias, otra coautora del artículo”, dice Geovani. “Cuando llegué a Uruguay mi idea, que era muy simple y pasaba sólo por el cambio climático y la diversidad del fitoplancton, evolucionó de forma orgánica”, agrega, y señala además que una de las frases de cabecera de Mariana es pedir “un pequeño esfuerzo extra” (algo que experimenté en persona, ya que la idea para esta nota era hablar sólo del trabajo que salió en febrero... y Mariana me empujó a realizar el pequeño esfuerzo extra de estudiar también el de marzo).

“Llegué en el invierno de 2019”, cuenta Geovani entre risas. Como buen norteño del estado de Paraná, el húmedo invierno uruguayo era algo que no conocía. “Geovani se compró la primera campera de su vida acá en Uruguay, estamos muy orgullosos de eso”, afirma Mariana. “La invención más importante de la humanidad fue la bolsa de agua caliente”, dice tentado pero en serio Geovani. Pero además del frío ligó mal. “Al poco tiempo de llegar hubo un ciclón extratropical y un gran apagón, y yo iba en mi bici pedaleando contra todo diciendo que tenía que salvar los experimentos”, recuerda Geovani. “Maite en ese entonces ya estaba trabajando con los flujos de CO2, y como los microcosmos funcionaban muy bien y los tratamientos no estaban colapsando, esos aspectos se fueron agregando en mis experimentos”, afirma.

“Mi doctorado trató de evaluar flujos de dióxido de carbono y de metano en sistemas de agua dulce, haciendo foco en cómo esos flujos y esas dinámicas de carbono variaban dependiendo, por ejemplo, de la estructura trófica o de qué productor primario dominaba”, apunta Maite. Su tesis tuvo tres partes: trabajó en lagos de Uruguay con distintos productores primarios, luego hizo experimentos con distintos tipos de peces y luego utilizó estos microcosmos artificiales generados en laboratorios en los que vio qué pasaba con dos comunidades de fitoplancton, algas verdes –clorofitas– y cianobacterias en agua con exceso de nutrientes, acechadas por zooplancton, y a distintas temperaturas. Y así como sus investigaciones terminaron impactando en el trabajo de Geovani, los microcosmos de Geovani impactaron en los suyos.

“Ese último capítulo del doctorado de Maite, que es este paper de los experimentos, lo terminamos de definir en función de los resultados del experimento de Geovani”, afirma Mariana. Así que, a fin de cuentas, no está mal que ambos trabajos salgan casi en simultáneo. Vamos a ellos y sus resultados.

Calentamiento + eutrofización: alteración de comunidades

El trabajo del que Geovani es el primer autor testeó “los efectos de tres escenarios de temperatura constante (17 oC, 20 oC y 23 oC) en condiciones de alto suministro de nutrientes” sobre la composición de la comunidad de fitoplancton –productores primarios que hacen fotosíntesis– y observando además “la eficiencia en el uso de recursos y los flujos de CO2”. Para ello, en estos microcosmos de comunidades diversas de fitoplancton nos transportamos al futuro con ecosistemas acuáticos a 3 °C y 5 °C por encima de la media (17 °C al momento de realizarse el experimento).

¿Cuáles fueron sus principales resultados? “Después de 32 días, el calentamiento redujo la riqueza de especies y promovió diferentes trayectorias comunitarias que llevaron a un predominio de algas verdes en los tratamientos de temperatura intermedia”, es decir, los de 20 °C, “y de cianobacterias en los tratamientos de temperatura más alta”, es decir, los de 23 °C. Por ello, reportan que el calentamiento tuvo “un efecto negativo en la diversidad y un efecto positivo en las cianobacterias”, lo que, a su entender, “podría llevar a potenciales cambios en el funcionamiento de los ecosistemas”.

Geovani además tiene más malas noticias para este boletín. “En la parte dos de nuestro experimento, que aún no hemos publicado, vemos que, una vez que las cianobacterias pasan a dominar los ambientes, es muy difícil volver a un punto de diversidad previo a que se produjera su dominio. Incluso haciendo grandes diluciones, como las que implicaría una lluvia extrema, las cianobacterias tienen una resistencia tremenda para mantenerse”, nos adelanta.

“Es que en general las cianobacterias son también muy buenas compitiendo. Por ejemplo, porque algunos grupos se adaptan mucho mejor a distintas intensidades de luz, a tener más temperatura o porque no se las come el zooplancton. Ellas solas ya tienen bastantes herramientas como para facilitarse el camino”, lo apoya Maite.

“En el experimento de Geovani partimos de una misma comunidad muy diversa y vimos qué pasaba ante distintas temperaturas en un ambiente eutrofizado”, resume Mariana. “Para el de Maite quisimos ver qué pasaba si ya de arranque partíamos de comunidades distintas, así que arrancamos en un grupo con una dominancia clara de cianobacterias y en el otro con una dominancia clara de algas verdes, que fueron las dos comunidades finalistas del experimento anterior, y arrancamos otra carrera”, agrega. Es que, como dice, hay una secuencia en la lógica entre ambos: “En el experimento de Geovani vimos qué pasaba a la interna del fitoplancton y observamos que las comunidades seguían rutas distintas, pero no sabíamos qué pasaría si hubiera otro nivel trófico o cómo serían las trayectorias en comunidades que ya arrancan contrastantes y con abundancias altas de determinados organismos”.

En el trabajo en el que Maite es la primera autora reportan entonces la investigación en la que a dos comunidades distintas de fitoplancton, una liderada por algas verdes y otra por cianobacterias, les agregaron además Daphnia y trabajaron sólo con dos temperaturas más contrastantes, la natural para la época (19 °C) y otra de 4 °C superior. ¿Por qué eligieron a estos animales para cumplir la función de los herbívoros? “La Daphnia es el zooplancton ‘más polentón’, el que más puede ejercer un efecto sobre el fitoplancton”, sostiene Maite.

En este caso también vieron los efectos sobre los flujos de CO2, pero ahora centrémonos en lo que concierne a la biodiversidad. En los microcosmos de Maite los herbívoros depredadores, las Daphnia, la pasaron realmente mal. En el grupo dominado por cianos a temperatura actual disminuyeron su cantidad. Pero en el grupo de cianos sometidas al calentamiento, al final del experimento no sobrevivió ninguna. Todas las Daphnia la quedaron, mientras que las cianobacterias proliferaron, creciendo 2,5 veces más que en el caso del grupo a temperatura ambiente (las algas verdes crecieron en biomasa 1,3 veces bajo el escenario de 4° C extra).

A veces no le prestamos demasiada atención a lo que pasa a escala microbiológica. Así que hagamos la analogía: las algas verdes serían pastos, las cianobacterias un pasto de escaso o nulo valor nutricional –alguno hasta tóxico– y las Daphnia serían vacas. Lo que vieron en el experimento con agua eutrofizada y cambio de temperatura fue un crecimiento tal del pasto no comestible o tóxico que al final todo el campo quedó invadido por él y las vacas se murieron de hambre. Todas. Imaginen que pasara algo así en los campos ganaderos de Uruguay ante una invasión enorme de tojo o de revientacaballos. Muchos pondríamos el grito en el cielo. Bien, ese es el drama que está sucediendo en los ríos y cuerpos de agua eutrofizados y que se incrementará ante el aumento de la temperatura.

“Sí, es como que en el pasto empezara a crecer espina de la cruz, algo incomible para la vaca. Y creciera tanto que las vacas al final se te van a morir de hambre. En algunos casos las cianobacterias no pueden ser ingeridas por el zooplancton por cuestiones mecánicas, en otros por las toxinas, y en otros casos porque es desagradable o porque tienen bajo valor nutritivo”, señala Mariana.

“Hay algunas cianobacterias que tienen mucílago, como las Microcystis. La Daphnia, pese a ser el zooplancton más ‘polentón’, si bien las logra ingerir, como están cubiertas de mucílago, que es una sustancia mucosa que protege a las células, las cianobacterias pasan a través del sistema digestivo de la Daphnia y vuelven al ambiente”, agrega Maite. “Encima, eso implica un gasto energético brutal para la Daphnia. Comiendo cianobacterias con mucílago adelgaza, porque está gastando energía y no le queda nada, no le rinde”, suma Mariana.

“Algo en lo que coinciden ambos trabajos es en que si tenemos escenarios de más temperatura en comunidades de fitoplancton, van a pasar a dominar las cianobacterias”, redondea Maite. Los dos trabajos entonces apuntan a una pérdida de biodiversidad de los ecosistemas acuáticos eutrofizados ante este escenario de calentamiento. Ahora vayamos a ver qué pasó con los flujos de carbono. Pero están advertidos: estos cambios en la biodiversidad, ya de por sí negativos, además influyen en los ciclos del carbono y en el propio calentamiento global.

Calentamiento + eutrofización: más emisiones de CO2

En lo que refiere a qué pasaba con el carbono en estos escenarios de calentamiento, en concreto si la proliferación de cianos aumentaría la captura de CO2 debido a una mayor fotosíntesis o si, en cambio, al haber más cianos respirando lo que liberarían de ese gas superaría a lo que secuestrarían, los resultados parecen ser dispares.

En los microcosmos de Geovani, en el escenario de mayor calentamiento, las cianos disminuyeron la cantidad de carbono secuestrado al hacer las cuentas entre lo respirado y lo captado por fotosíntesis. “Eso tiene que ver con algunas teorías que dicen que cuando aumenta la temperatura aumentan todas las tasas metabólicas, la producción primaria, la respiración, pero aumenta más la tasa de respiración que la de producción primaria. Eso hace que de alguna manera no se compense el CO2 que se atrapa”, comenta Maite. Pero eso no fue lo que pasó en su caso.

Geovani Moresco en cuarto experimental con microcosmos de fitoplancton. Foto: gentileza Mariana Meerhoff

Según reportan, en los microcosmos de Maite “la absorción de CO2 aumentó con el calentamiento en ambas comunidades, siendo más fuerte en las comunidades dominadas por cianobacterias”. ¿Aplaudimos entonces a las cianos y algas verdes que nos ayudarán a bajar la cantidad de CO2 atmosférico? No tan rápido.

“Pudimos ver que si bien había mucha fijación de CO2 cuando teníamos cianobacterias, ese CO2 al final no se traspasaba a la biomasa de los consumidores. El carbono es atrapado en el sistema, pero luego no sigue la vía trófica clásica, en la que los consumidores primarios lo aprovechan y de esa manera el carbono queda disponible, por ejemplo, para los peces. En nuestro microcosmos eso no fue lo que pasó, porque si bien las cianobacterias capturaron más carbono del que emitieron, ese carbono no pudo ser aprovechado por el zooplancton. Entonces la interrogante es qué pasa con esa biomasa acumulada por las cianobacterias que explotan con el aumento de la temperatura”, comenta Maite.

“Sólo una proporción comparativamente menor del carbono fijado se tradujo en un aumento del fitoplancton, y particularmente una proporción insignificante se tradujo en biomasa de zooplancton”, dice el trabajo más adelante. “Si bien vemos captura de CO2, ese CO2 no queda reciclándose dentro de las comunidades, sino que queda como estancado en las cianos, entonces va a sedimentar. Como la mayor parte de los sistemas de agua dulce mundiales son charcos, humedales, lagos someros, dada su poca profundidad, sabemos que lo que se sedimenta en ellos no va a quedar ahí guardado para siempre, sino que se va a liberar”, afirma Mariana. Pero hay otro problema más.

“La mayor parte del carbono se disolvió en el agua o se sedimentó, siendo este último potencialmente disponible para la mineralización en carbono disuelto en el agua y CO2, o metano cuando prevalecen condiciones anóxicas”, señala el trabajo (las condiciones anóxicas se dan cuando falta el oxígeno).

“Se ha visto en sistemas que están muy eutrofizados y que tienen una biomasa excesiva de cianobacterias que en algún momento toda esa biomasa se pierde de la columna de agua, se va hacia el fondo y eso va a empezar a entrar en los procesos de descomposición”, comenta Mariana. “También sabemos que las floraciones de cianobacterias, aunque lo producen, consumen mucho oxígeno de la columna de agua, por lo que provocan que los fondos de esos sistemas acuáticos suelan ser anóxicos. Y si tenemos mucha materia para descomposición y tenemos anoxia, podemos tener una producción de metano muy alta”, dice a su vez Maite.

Y si el dióxido de carbono es un delincuente, el metano es un terrorista. “El metano es un gas que tiene un efecto invernadero entre 27 y 28 veces más fuerte en una escala de 100 años que el CO2”, grafica Maite. “Entonces puede parecer buenísimo que las cianobacterias estén fijando un montón de CO2 al aumentar la temperatura, pero si esa fijación no se está pudiendo aprovechar por los consumidores, no sólo impacta en la diversidad de los consumidores, sino que al mismo tiempo estamos alimentando otras vías de descomposición que quizás están generando otro gas que puede tener un impacto mayor”, agrega.

“Creo que ya hay un consenso bastante fuerte de que cuanto mayor sea el estado eutrófico del ecosistema, mayores van a ser las emisiones netas. Porque si no es CO2 va a ser metano y si no es por difusión es por burbujeo, dos mecanismos distintos de emisión de metano. Como que todo confluye en los últimos años y nuestros resultados suman a eso de que cuanto más eutrófico, más van a ser las emisiones, por una vía o por otra, de un gas o de otro”, afirma Mariana.

“Y eso no sólo se debe a que en definitiva hay más material para que actúen los procesos de descomposición, sino también porque, como otros colegas están viendo, por ejemplo, Mina Bizic, coautora del trabajo de Geovani, varias especies de cianobacterias tienen la capacidad de producir metano incluso aunque no haya anoxia. Es un tema que tiene pocos años y hay que ver qué tan relevante es eso en volumen. Se supone que no sería tan importante como las emisiones en condiciones de anoxia que están hechas por bacterias metanogénicas, pero es un plus que, incluso aunque no haya anoxia, ante una floración de cianobacterias puede haber no sólo emisiones cuando comienza a descomponerse el bloom, sino porque además las propias cianobacterias producen metano. Es un mecanismo que, como se asumía que no existía, tampoco se buscaba”, suma Mariana, haciendo el panorama aún más complejo.

“Entonces a mediano o largo plazo todo ese carbono que no es procesado o que no queda fijado en biomasa va a terminar siendo devuelto a la atmósfera más tarde o más temprano”, afirma Mariana.

Mirar más allá de la captura de carbono

Leyendo ambos trabajos algo queda claro. En nuestros días, en los que mucho se habla del cambio climático pero poco se hace, “capturar carbono” es una expresión que se invoca al hablar de soluciones. La idea es sencilla: cuanto más dióxido de carbono quitemos de la atmósfera, menos efecto invernadero y, por tanto, menor será el calentamiento del planeta. Los productores primarios que hacen fotosíntesis se especializan en eso: toman el CO2, lo juntan con agua, formada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, creando así alimento –hidratos de carbono– y liberando oxígeno.

Y entonces salen ideas descabelladas, como la de plantar árboles en todas partes. Aun cuando la literatura científica nos viene indicando que cambiar los usos del suelo, lejos de capturar carbono, contribuye a su emisión. Entonces, en un país como el nuestro, dominado por pastizales, forestar desplazando pastizal es contribuir a las emisiones de carbono.

“Más aún cuando no se foresta para dejar los árboles allí, sino que se van a cosechar. Hay trabajos que muestran que los árboles plantados con fines productivos terminan emitiendo mucho más carbono si se ve todo su ciclo de vida. La forestación productiva no se hace con fines conservacionistas pensando en la biodiversidad o los flujos de carbono”, comenta Mariana.

En ese sentido, en los microcosmos de la investigación liderada por Maite, las cianobacterias de un agua dulce eutrofizada y en un escenario de calentamiento global de 4 °C, aumentaron la captura de carbono. ¿Fantástico? Sólo si tenemos una mirada estrecha. El carbono capturado por las cianobacterias no circularía por las redes tróficas. Su gran acumulación, cuando la floración pasa, se convierte en grandes cantidades de materia orgánica que irá al sedimento o al agua. Al ser descompuesta la materia en el sedimento por otras bacterias, se generará metano. Más aún: el carbono en el sedimento que no se descomponga, en cuerpos de agua poco profundos, ante sequías –que serán más frecuentes también con el cambio climático–, volverá al sistema. Por tanto, estos grandes secuestradores de carbono en un momento serían acumuladores de carbono para otras instancias. Hay que mirar la película entera.

Y para colmo, la explosión de las cianos afectará negativamente la biodiversidad del sistema acuático –recordemos, en condiciones de eutrofización y mayor temperatura, dominan el ambiente desplazando a otros fitoplancton y dejando sin alimento al zooplancton–. No sólo hay que mirar la película entera, sino ver la sala de cine en la que se proyecta, el barrio que la rodea y la propuesta cultural del país. No alcanza con secuestrar carbono como sea.

“Sí, el mensaje de ese artículo con base en lo que encontramos, que dejamos ver en la discusión, es que si bien al mirar qué pasa con el CO2 podemos pensar que está buenísimo, que estamos secuestrando ese carbono, tenemos que preguntarnos qué va a pasar con ese carbono después”, afirma Maite.

“Algo que sucede con los eventos de sequía es que cuando se seca un sistema que estaba eutrofizado y en el que había mucha cantidad de biomasa, se libera una cantidad de metano y de CO2 muy importante. Cuando el agua está tapando el sedimento donde se viene acumulando la biomasa, limita algunas emisiones. Pero al secarse el sistema, el sedimento se empieza a oxigenar, y no sólo se libera el metano que ya estaba acumulado, sino que empiezan procesos de descomposición que producen CO2”, agrega entonces.

Justo eso es algo que comenzaron a estudiar el año pasado con la gran sequía que sufrimos. “Por ejemplo, se secaron la mitad de los tajamares y tratamos de capturar cuáles eran las emisiones de gases de estos sedimentos expuestos”, dice Mariana. Esos resultados aún no están prontos, pero, a modo de teaser o adelanto, Mariana nos cuenta que los sistemas más eutrofizados acumulan más carbono. “A primera instancia podrías decir que es positivo que estén secuestrando más carbono en el sedimento, entonces mejor que sean eutróficos. Pero se trata de sistemas muy llanitos y, a medida que baja el nivel del agua, o incluso por acción del viento, es mucho más probable que todo lo que está ahí acumulado en el sedimento salga. Entonces, sale el fósforo, y se reeutrofiza el sistema, y también sale el carbono que estaba acumulado ahí”, dice.

“Nos interesa ver qué incidencia tiene la variabilidad climática en la capacidad de secuestro de carbono de los sistemas, o si ese secuestro debiéramos ponerlo entre comillas y en realidad están siendo bombas de carbono, en caso de que en esas condiciones de variabilidad en el nivel del agua estos sistemas acuáticos están siendo muy emisores. Es una de las grandes preguntas que tenemos, qué pasa con estos ciclos de inundación y sequía. Todo apunta a que contribuyan a que haya más producción de gases de efecto invernadero”, dice Mariana.

“Lo que vemos es que la eutrofización de los cuerpos de agua no es lo que va a contrarrestar el mayor CO2 en la atmósfera. No va por ahí”, enfatiza Mariana. La evidencia ya era clara: cuerpos de agua dulce eutrofizados repercuten en la salud del ambiente, de los animales y de los propios seres humanos. ¿Qué hay que seguir debatiendo?

“Tenemos abundante evidencia científica, pero la línea del debate se va corriendo”, reflexiona Mariana. “Primero era si había eutrofización. Luego si era realmente algo malo. Ahora el debate pasa por ver cuál es la actividad que tiene más peso en la eutrofización. Se va hilando cada vez más fino, pero en última instancia la consecuencia práctica es la misma: se sigue ignorando este estado de situación en el que estamos y al que cada vez desde la comunidad científica tratamos de agregar más elementos que generen más claridad sobre cuáles son los mecanismos por los que pasan”, enfatiza.

“En ese sentido los experimentos son importantes, porque permiten eliminar ruido. Muchas veces te dicen que los datos 100% empíricos de sistemas naturales tienen un ruido muy importante. En las cuencas hay ciudades con falta de saneamiento, industrias, cultivos, ganado, entonces dicen que es más difícil determinar cuáles son los procesos que causan la eutrofización. Y además tenés el cambio climático, las lluvias y la sequía. Hay toda una complejidad que afecta a comunidades de organismos que a su vez son complejas. Los experimentos hacen un gran aporte en ese sentido, porque tenemos las señales más limpias”, defiende Mariana.

“¿Qué es lo positivo de los hallazgos si uno quiere actuar al respecto? Que el calentamiento climático y la eutrofización generan lo mismo. Y eso, que es una muy mala noticia por un lado, por otro también nos permite pensar que si atacamos a uno estamos atacando a los dos”, dice Mariana llenándonos de esperanza.

“Si realmente nos pusiéramos en serio a tratar de disminuir la eutrofización y sus efectos, generando menos llegada de nutrientes desde las cuencas y también tratando de potenciar la resiliencia natural de los ecosistemas para que puedan protegerse por mecanismos propios, por ejemplo, implementando zonas buffer, con los resultados que hemos obtenido sabemos que además de la eutrofización también vamos a estar atacando el cambio climático, porque vamos a estar emitiendo menos gases de efecto invernadero”, agrega, entusiasmándonos con que un futuro mejor es posible.

“Si bien desde Uruguay no tenemos una gran capacidad de influir en los ciclos biogeoquímicos planetarios y de frenar el calentamiento global, más allá de que nuestras emisiones de metano no son nada despreciables, sí tenemos toda la capacidad de disminuir la eutrofización. Ahí nuestros resultados, y los de la evidencia a nivel mundial, van en la misma dirección: si disminuimos la eutrofización y potenciamos la capacidad de los ecosistemas de mantenerse en un estado con mayor biodiversidad, van a emitir menos gases de efecto invernadero. Eso sí lo podemos hacer y es una situación win-win. Esas son buenas noticias desde el punto de vista del manejo. Sólo hace falta que alguien las lea y actúe”, remata entonces Mariana.

Con ríos, arroyos, lagos y tajamares eutrofizados estamos precipitando el calentamiento del planeta, tanto por sus emisiones de carbono como por disminuir la biodiversidad. “Son como tres caras de la misma moneda. La calidad del agua, la biodiversidad y la emisión de gases de efecto invernadero. Entre esas tres dimensiones, la mejor combinación es la de mayor biodiversidad y mejor calidad de agua, porque va a generar menos emisiones”, sostiene.

Maite la secunda: “Este feedback positivo entre calentamiento, eutrofización y pérdida de biodiversidad ha hecho que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático reviera alguna de sus predicciones, ya que llegamos antes a los escenarios futuros que partían solamente de tener en cuenta las emisiones antrópicas. Se tuvieron que hacer nuevos modelos empezando a pensar que tenemos que incluir ese efecto que estamos teniendo sobre los sistemas naturales y cómo los sistemas naturales están también potenciando el calentamiento y el cambio global del clima. Ya hay modelos que muestran que no contando esa parte nos quedamos cortos para poder predecir y entender lo que estamos viendo”.

“Como no podemos calentar el ambiente cuatro grados para ver qué pasa, tenemos que hacer estos experimentos como prospecciones del futuro”, dice Geovani.

Es cierto. Sus microcosmos en peceras son, en cierta medida, bolas de cristal que nos dejan ver el futuro. Lo que nos muestran es cómo puede llegar a ser el mundo si seguimos empecinados en seguir haciendo lo que venimos haciendo.

Artículo: El calentamiento experimental promueve la absorción de CO2 pero dificulta la incorporación de carbono hacia niveles tróficos más altos en comunidades de agua dulce dominadas por cianobacterias
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Artículo: Experimental warming promotes phytoplankton species sorting towards cyanobacterial blooms and leads to potential changes in ecosystem functioning
Publicación: Science of the Total Environment (marzo de 2024)Autores: Geovani Moresco, Juliana Dias, Lucía Cabrera, Claudia Baladán, Mina Bizic, Luzia Rodrigues y Mariana Meerhoff.